El oficialismo quitará el pie del acelerador
en materia de reformas laborales. Después de recibir
una catarata de críticas del sector empresarial, preocupado
por el inusitado impulso que cobraban algunas iniciativas
en la Cámara de Diputados tendientes a erradicar algunas
normas flexibilizadoras, el Gobierno ordenó "actuar
con mayor prudencia".
Así lo anticipó ayer una importante fuente
oficialista que aclaró, no obstante, que las iniciativas
ya presentadas -alrededor de una docena- seguirán en
tratamiento, aunque los tiempos para su aprobación
en el recinto serán más laxos para al menos
escuchar posibles objeciones.
Con esta respuesta se procura tranquilizar a los empresarios
que anteayer expresaron personalmente sus inquietudes al jefe
de Gabinete, Alberto Fernández, en la Casa Rosada.
En la reunión también participaron los presidentes
del bloque del PJ en Diputados, Agustín Rossi (Santa
Fe), y de la Comisión de Legislación del Trabajo,
Héctor Recalde (FV-Buenos Aires), abogado de la CGT
y uno de los principales fogoneros de las reformas laborales.
La decisión de aminorar el avance de esas iniciativas
no significa que el Gobierno le haya quitado el apoyo a Recalde,
aclaró una encumbrada fuente oficialista. De hecho,
el abogado laboralista fue designado interlocutor frente a
los empresarios a la hora de discutir las futuras reformas.
"Es necesario formular correcciones a la legislación
laboral de los años 90, pero a partir de ahora los
tiempos serán distintos. Hay que actuar con prudencia:
si vamos a los empujones, lo más probable es que la
reacción de la contraparte -los empresarios- nos haga
fracasar en nuestro objetivo final", se sinceró
la fuente.
"Además -agregó-, no podemos torpedear
al sector [empresarial] cuando acabamos de sellar con ellos
acuerdos de precios."
En la reunión de anteayer en la Casa Rosada los empresarios
-entre quienes se contaban los presidentes de la Unión
Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez; de
la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Luis Pagani;
de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Alfredo
Coto, y de la Coordinadora de las Industrias de Productos
Alimenticios (Copal), Alberto Alvarez Gaiani, y el director
de Asuntos Laborales de la Federación Argentina de
Entidades Empresarias del Transporte de Autocargas (Fadeeac),
Lucio Zemborain- plantearon como una de sus principales preocupaciones
la nueva ley de riesgos del trabajo. El proyecto del Ejecutivo
está muy próximo a ser presentado en el Congreso
y, según las fuentes consultadas, no sería del
agrado de los empresarios.
El oficialismo buscó llevar tranquilidad al sector
y le anticipó que sus disidencias e inquietudes serán
tenidas en cuenta durante el debate parlamentario de la norma.
"Por unanimidad, la comisión [de Legislación
del Trabajo] ha decidido escuchar a todos los sectores importantes
involucrados en esta y otras iniciativas", enfatizó
Recalde.
El legislador coincidió con la decisión oficial
de avanzar gradualmente en las futuras reformas laborales.
Hasta ahora, Recalde había logrado en el Congreso lo
que pocos diputados pudieron: aprobar en tiempo récord
determinadas derogaciones a la ley de contrato de trabajo,
cuestionadas por la CGT por su sesgo flexibilizador. Una de
ellas es la que posibilita a un empleado accionar ante la
Justicia cuando sus condiciones de trabajo se modifiquen de
manera unilateral por parte del empleador.
Esa ley -promulgada anteayer pese al rechazo empresarial-
dispone que hasta que se expida el juez, el empleador no podrá
alterar las condiciones laborales del empleado. Además,
los legisladores convirtieron en ley, también este
año, el proyecto que reforma la ley de quiebras, que
apunta a dar prioridad al pago al trabajador en caso de quiebra
de una empresa y establece que los juicios laborales deben
resolverse en el contexto de la justicia laboral, en lugar
del fuero civil y comercial, como hasta ahora.
Recalde tiene en carpeta otras iniciativas favorables al
trabajador; algunas ya están listas para ir al recinto.
Una de ellas es la que elimina los topes indemnizatorios:
la iniciativa busca ahora restituir el viejo sistema, en el
que la indemnización es equivalente a un mes de sueldo
por cada año de servicio o fracción mayor de
tres meses tomando como base la mejor remuneración
mensual devengado el último año. No sólo
eso: el proyecto dispone que las futuras indemnizaciones no
podrán ser inferiores al sueldo de dos meses.
La iniciativa está lista para ser debatida en el recinto.
Pero la orden del Gobierno fue tajante: "Ahora vamos
a esperar; no hay fecha fija", deslizó un diputado
oficialista.
Los empresarios
§ Los empresarios participarán de una comisión
junto a los legisladores para analizar las iniciativas laborales.
§ Una de las preocupaciones de los empresarios es la
ley de riesgos del trabajo, que aún no fue modificada
desde que se declaró la inconstitucionalidad.
-También pidieron el veto de la reforma del artículo
66 de la ley de contrato de trabajo.
El Gobierno
"Por unanimidad, la comisión [de Legislación
del Trabajo] ha decidido escuchar a todos los sectores importantes
involucrados en esta y otras iniciativas" (Héctor
Recalde)
- El Gobierno pidió actuar con cautela, después
de una reunión en la que los empresarios le hicieron
saber sus inquietudes.
- El diputado oficialista Agustín Rossi (Santa Fe)
será el encargado de hacer de nexo entre el Poder Ejecutivo
y el Congreso.
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