Los principales dirigentes de la industria aprovecharon la presencia
de la ministra de Economía, Felisa Miceli, en la sede
de la Unión Industrial Argentina (UIA) para volver sobre
uno de los temas que más los preocupan: la redacción
de una nueva ley de riesgos del trabajo.
Si bien Miceli no dio ninguna precisión sobre el nuevo
marco, los industriales se marcharon con la promesa de iniciar
una ronda de encuentros conjuntos para avanzar en un proyecto
de ley.
"Vamos a mantener una reunión la semana que viene
con funcionarios del Ministerio [de Economía] para
hacer algunos cambios al proyecto que impulsa el Gobierno",
dijo al término del almuerzo el presidente de la Unión
Industrial de la Patagonia, Juan Moraveck. Según el
dirigente, el proyecto original, elaborado por el ministro
de Trabajo, Carlos Tomada, tiene "más de 80 observaciones"
de parte de la UIA. "Hay seis de ellas que son importantes
y que se deben resolver rápido", agregó.
Los industriales proponen volver al esquema de la actual
ley de riesgos del trabajo que no permite que un trabajador
que sufra un accidente o una enfermedad profesional cobre
la indemnización prevista por la ley y, a la vez, recurrir
a la Justicia para reclamar por los daños y perjuicios.
"Preferimos pagar un poco más en el seguro y
tener indemnizaciones altas antes de correr el riesgo de enfrentar
un juicio que nos lleve a la quiebra", señaló
Moravek. "Lo que no puede existir es la posibilidad de
que se pueda cobrar la indemnización del sistema de
ART y, además, hacer juicio civil", finalizó.
Sin embargo, la postura de los empresarios no es fácil
de compatibilizar con el criterio de la Corte Suprema, que
en septiembre de 2004 dictó la inconstitucionalidad
del régimen, entre otras cosas, por la imposibilidad
de recurrir a la Justicia.
Fuentes del Ministerio de Trabajo se limitaron a recordar
ayer que el proyecto de reforma elaborado por esa cartera
ya fue enviado a Presidencia, para que allí sea analizado
y luego enviado al Congreso. Ese paso fue dado hace varios
meses, y luego se conoció que el entonces ministro
de Economía, Roberto Lavagna, trabajaba en el tema
en consulta con los empresarios.
En rigor, para los técnicos de Trabajo -y también
para varios abogados incluso del sector empresarial-, la propuesta
de Lavagna tenía mayor vulnerabilidad ante la Justicia
que el proyecto elaborado por el equipo de Carlos Tomada.
Según pudo conocer LA NACION, hasta el momento, sólo
hubo contactos informales sobre el tema entre ambos ministerios
desde la asunción de Miceli, y en esas conversaciones
se hizo hincapié en la necesidad de acotar los riesgos
de que una nueva ley vuelva a ser cuestionada ante la Justicia
por inconstitucional, como sucedió con el actual régimen.
La iniciativa de la cartera laboral no sólo se limita
a corregir los aspectos de la ley que fueron cuestionados
por la Corte Suprema de Justicia, sino que considera varios
cambios tanto a la ley de riesgos del trabajo como a la de
higiene y seguridad. Para desalentar los juicios de los trabajadores
contra las empresas, el proyecto prevé que la fórmula
de cálculo de las indemnizaciones por incapacidad sea
la que por lo general utiliza la Justicia Civil; en la práctica,
eso implicaría un incremento de alrededor del 63% en
el monto de los pagos hoy vigentes.
De todas maneras, se proyecta dar a los trabajadores la posibilidad
de optar entre cobrar de la aseguradora lo que le corresponda
según la ley, o demandar al empleador y en ese caso
percibir una indemnización integral.
Miceli fue cuidadosa de no dar detalles de la iniciativa,
aunque explicó que se busca una solución en
conjunto con el Ministerio de Trabajo. Según trascendió,
hizo notar que se busca dar previsibilidad al sistema, sobre
el cual existen dos proyectos que -según habría
dicho Miceli- están siendo sintetizados.
Sin capital
"Hay empresas que se quedarían sin capital si
los condenan en este tipo de juicios por accidentes de trabajo
-agregó Moravek-. Además, un nuevo régimen
mejora las condiciones para tomar nuevos empleados."
Según datos que manejan las aseguradoras de riesgos
del trabajo, que administran el sistema de seguros que cubren
las enfermedades y accidentes laborales, desde el fallo de
la Corte la cantidad de juicios iniciados por este tipo de
reclamo duplicó en 2005 la registrada en 2004.
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