OIT: DEFICIENTE COMBATE CONTRA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

Una encuesta hecha a solicitud de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en siete países de Centroamérica y el Caribe, incluida Guatemala, demuestra que la mayoría de personas cree que la culpa de que haya explotación sexual de menores es de los familiares de la víctima.

La mayoría de los ocho mil 767 entrevistados, del 6 de junio al 13 de septiembre de 2005, por Cid-Gallup opina que la explotación sexual infantil existe por la falta de valores morales de la familia y la víctima, y por la pobreza.

El análisis de los expertos permitió que el resultado de la encuesta se diera a conocer unos años después.

Las cifras obtenidas en Guatemala son reveladoras. Sólo una de cada 10 personas considera que los culpables de que haya explotación sexual son quienes demandan ese servicio, y sólo dos opinan que la responsabilidad es de quienes promueven el negocio. En este último caso, las estadísticas son peores para el resto de países, donde menos del 10 por ciento responsabiliza a los clientes.

Por aparte, más de la mitad de los entrevistados es de la idea de que este flagelo se ha propagado por la falta de aplicación de leyes que castiguen a quienes pagan, o por la inexistencia de políticas de protección de la niñez y la adolescencia.

Adriana Hidalgo, representante de la OIT para Centroamérica, dijo que el estudio demuestra que la población aún tolera este mal. “El objetivo es lograr que exista conciencia, para comenzar a erradicarlo”.

Espalda a la víctima

Belia Rodas, de la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil, aseguró que la población no es sensible ante este problema, pues a quien se castiga y se culpa es a la víctima.

Arturo Echeverría, de Casa Alianza, opinó que la falta de recursos económicos no debe considerarse como una de las causas de la explotación sexual infantil, sino los hechos de violencia dentro del hogar.

Casi el 30 por ciento de los entrevistados admitió conocer lugares donde se ofrecen servicios sexuales de menores de 18 años. Una cuarta parte afirmó que no haría nada frente a este problema; tres de cada 10 dijeron que estarían dispuestos a denunciar el hecho; de éstos sólo uno aseguró que demandaría a quienes promueven la explotación sexual.

Aún no es delito

La mayoría de los entrevistados culpa del abuso a las víctimas. Seis de cada 10 dijeron que los menores de edad y sus familiares son responsables de que no se detenga este negocio.

Sólo un escaso ocho por ciento opinó que es el Gobierno el que debe accionar para erradicar este mal.

En tanto, en Guatemala aún no se aprueban las reformas al Código Penal, que buscan tipificar el delito de explotación sexual en menores de edad. La iniciativa está pendiente de aprobación en tercera lectura, y fue consensuada por diferentes instancias, incluidas la Secretaría de Bienestar Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Movimiento por los Derechos de la Niñez y Juventud Guatemalteca.

En el proyecto de ley se adicionan y reforman los siguientes delitos: violencia intrafamiliar, maltrato infantil (no existe en el Código) y contratación ilegal de menores de edad.

Verónica Molina, de la Secretaría de Bienestar Social, manifestó que urge aprobar la ley y organizar campañas para sensibilizar a las personas sobre este problema.