Extractado de: www.clarin.com
SALUD: ANALIZAN FRENAR LOS TRASPASOS DE OBRAS SOCIALES A PREPAGAS
La medicina privada ya absorbió a 2 millones de beneficiarios de obras sociales. Es gracias a la desregulación del sistema de salud. Los gremios presionan y el Gobierno estudia una reforma.
La salud es prevención, es cura, pero también es dinero. Y muchísimo dinero. Entre las obras sociales de cobertura nacional —y sin contar a las provinciales— se administran al año unos 8.000 millones de pesos para el abastecimiento de salud, el equivalente al 7 por ciento del Presupuesto nacional. Sólo que un cuarto de esa plata ya está en manos de empresas privadas de salud, a las que les cedieron los servicios las propias obras sociales, en una "fuga" de fondos que este año se intensificó y promete seguir aumentando. Al menos hasta ahora.
La Superintendencia de Seguros de la Nación, el organismo oficial que regula y controla a las obras sociales, está por iniciar una embestida contra los traspasos y giros de fondos hacia las empresas de medicina privada. La función de la Superintendencia es normalizar, regular y controlar el sistema de obras sociales nacionales, que integran unas 300 obras sociales con 15,5 millones de beneficiarios. Quedan afuera de su control sólo las obras sociales provinciales, de las fuerzas armadas y otras "especiales" como las del Poder Judicial y de las universidades, que concentran a otro universo calculado —pero imposible de precisar— en otros 6 millones de beneficiarios. Todas las obras sociales se alimentan del 9 por ciento de los salarios de los empleados (una parte pagada por el empleador), en su mayoría de los que tienen relación de dependencia.
Un informe de la Superintendencia terminado esta semana, al que Clarín tuvo acceso, asegura que en los últimos cuatro años se fueron al sistema privado 620 mil beneficiarios del sistema de obras sociales, lo que implica un giro de 800 millones de pesos anuales. Sólo durante este año el traspaso hacia el sector privado ronda los 180 mil beneficiarios, con más de 200 millones de pesos. Los números se multiplican si se cuenta desde el inicio de la desregulación del sistema, que entró en vigencia en 1997 y comenzó a ejecutarse en mayo del 98, cuando se permitieron los traspasos de una obra social a otra. Desde entonces, se cambiaron de cobertura poco más de un millón y medio de personas y se calcula que el 90 por ciento de ese total recaló en obras sociales asociadas a empresas de medicina prepaga. Contando a los beneficiarios que no se movieron pero cuyas obras sociales pasaron a manos de prepagas, en total son casi 2 millones de personas las que hoy derivan sus aportes desde una obra social a la medicina privada.
"Estamos trabajando para revisar el sistema de libre opción", anunció el viernes a Clarín el titular de la Superintendencia, Héctor Capacciolli. El gerente de Control de Prestaciones del organismo, Juan Carlos Biani, explicó luego los alcances de ese estudio, que se inició con la convocatoria, hace un mes, de un Consejo Consultivo integrado por sindicalistas y especialistas en seguridad social, pero al que no fueron invitados los directivos de las prepagas. Ese Consejo está elaborando una serie de propuestas para que el presidente Néstor Kirchner elija. Las opciones, cuenta Biani, van " desde la eliminación total de la libre opción, hasta un plan para que la libre opción sea aún mayor" y se elimine, por ejemplo, la prohibición de cambiarse de obra social a menos de un año de haber hecho una opción. Una posibilidad cierta —dicen en la Superintendencia— es que se decida una "suspensión temporaria de los traspasos" de entre tres y seis meses, mientras se elabora una reforma de fondo.
La discusión gira sobre dos ejes. Por un lado, el económico. Es decir, si deben ser las obras sociales y sus gremios —hoy de buena relación con el Gobierno— o las empresas privadas las que administren los miles de millones del sistema. La otra discusión es de naturaleza puramente política: si la libertad de opción que se autorizó en la década del noventa justifica el desequilibrio que está generando en el sistema solidario de la salud, asunto que reconocen incluso en el sector privado.
El problema es que quienes emigran hacia sistemas privados son aquellos que tienen mejores ingresos, objeto de persecución de promotoras y campañas de marketing. Pero el sistema de obras sociales depende en buena medida del equilibrio que generan en sus cuentas los ingresos de los trabajadores mejor pagos con los peor pagos. "Ese equilibrio es el que está en crisis y el Estado tiene que hacer algo para remediarlo", dice Biani, de la Superintendencia.
En lo que va del 2006, se hicieron ya unos 220 mil traslados entre obras sociales, según la información oficial publicada en Internet por la Superintendencia, de los cuales 180 mil acabaron en obras sociales con su servicio de salud privatizado. De las 30 obras sociales que más beneficiarios captaron, son 28 las que tienen tercerizados sus servicios. Las principales son:
La obra social de los comisarios navales capturó este año a 27 mil nuevos socios y suma 160 mil desde que se habilitaron los traslados. Era una obra social mediana, de unos 40 mil beneficiarios, y hoy es una de las más importantes. ¿La clave? Un acuerdo que firmó con la prepaga OSDE, que les permite a sus socios derivar sus aportes obligatorios a una prepaga de primer nivel. Con el mismo aporte, un mejor servicio.
La obra social del Automóvil Club Argentino firmó un convenio con la firma Galeno y tampoco para de captar afiliados. Este año ya sumó 12 mil nuevos beneficiarios y lleva acumulados unos 150 mil, cuatro veces más de lo que tenía en 1998. El titular de esta obra social, Roberto Passo, es uno de los grandes defensores del actual sistema: "Si llego a sacar la prepaga, los beneficiarios me matan. ¿Si las prepagas ganan plata? Y sí, pero se la ganan en buena ley", dice.
La CGT, obviamente, puja dentro de la Superintendencia por terminar con los traspasos. Aunque los gremios en general apoyaron en su momento la desregulación, la mayoría de las obras sociales históricamente fuertes (como la del gremio de la construcción, la de los mecánicos o la del Sindicato de Empleados de Comercio) acabaron perdiendo miles y miles de afiliados, en parte por malas administraciones pero también por la caída del empleo en sus rubros. En contra de cualquier reforma, claro, están las prepagas.
"Al Gobierno le encanta apuntar contra las prepagas porque tenemos mala imagen. Pero la verdad es que la gente nos elige a nosotros porque hacemos bien el trabajo y porque las obras sociales lo han hecho mal", dice Néstor Gallardo, de la Asociación de Entidades de Medicina Prepaga.
Gallardo calcula en 3 millones a los afiliados a las prepagas, aunque en la Superintendencia dicen que no son más de 2,3 millones. La convención del mercado les atribuye 2,5 millones, de los cuales casi dos millones corresponden a beneficiarios de obras sociales que acabaron derivando sus aportes en la medicina privada, ya sea por convenios de sus obras sociales de origen o de las que hayan escogido mediante un traspaso.
A un promedio calculado en 100 pesos por cápita —en las obras sociales se reduce a 70—, la facturación de las prepagas ronda hoy los 250 millones de pesos mensuales —3.000 al año—, de los cuales 2.000 millones son hijos dilectos de la desregulación.
Las prepagas admiten, eso sí, que su captura en las obras sociales afecta a las obras sociales más pobres porque daña el equilibrio de un sistema solidario. "Es un problema, lo entiendo. Pero la solución no debe estar en la limitación de la libertad. La mejor opción es que el Estado se haga cargo de las intervenciones más costosas, como los trasplantes, lo que aliviaría a las obras sociales y permitiría que las prepagas bajen sus cuotas", dice Gallardo.
En la Superintendencia existe un fondo de ese tipo, con el que se solventan operaciones costosas o tratamientos como el de sida. Pero todo el sistema reconoce que su plata es insuficiente y además ya fue objeto de duros cuestionamientos. La Sindicatura General de la Nación publicó un mes atrás una auditoria con la que comprobó que más de diez obras sociales sindicales debían a ese fondo rendiciones por unos 320 millones de pesos. Es decir, que usaron esos millones pero nunca habían explicado cómo.
