Fuente: La Nación PELIGRAN LAS OBRAS: RETRASAN EL ENVÍO DE FONDOS PARA VIVIENDAS El Gobierno adeuda más de $ 100 millones En las empresas constructoras involucradas estiman que la deuda real por las demoras en los pagos oscila entre 150 y 200 millones de pesos. En el Ministerio de Planificación, que dirige Julio De Vido, admitieron que hay un retraso en el envío de fondos, pero por un monto menor: unos 112 millones de pesos. Y aclaran que la situación se normalizará en breve. Las fuentes se abstuvieron de dar más detalles y funcionarios de esa cartera no respondieron las consultas de LA NACION. Trascendió que directores de institutos de vivienda de varias provincias plantearon la situación al subsecretario de Vivienda de la Nación, Luis Bontempo. La respuesta fue un pedido de paciencia y la promesa de que pronto se enviarán los fondos. También se supo que en los últimos diez días, la Secretaría de Vivienda liberó giros por cerca de 70 millones de pesos, con lo cual descomprimió la situación de algunas provincias y de algunas empresas. Es que muchas obras corrían el riesgo de paralizarse y las empresas podían despedir a sus trabajadores. El mecanismo de pago de las obras es el siguiente: la Secretaría de Vivienda debe girar los fondos a los institutos de vivienda provinciales, quienes a su vez les pagan a las empresas contra la entrega del certificado de obra. Y el retraso actual es de unos 60 a 90 días, aseguran algunos funcionarios provinciales. El retraso en el giro de fondos para viviendas de la Nación no tiene relación con el color político de las provincias. Hay distritos de los más grandes que se les adeuda fondos y también hay provincias chicas. La paralización de obras no habría sido una buena noticia para el gobierno de Kirchner. Sabido es que el Presidente fundamenta buena parte de su imagen política en la obra pública y en la reactivación de la construcción como generadora de empleo. Plan federal El gobierno lanzó en 2004 el Plan Federal de Viviendas, que consiste en un programa de construcción de 120.000 viviendas y que para 2006, por caso, tiene un presupuesto de 3300 millones de pesos. En ese plan trabajan unas 2000 empresas constructoras de todo el país, que se beneficiaron con la reactivación del sector. De allí que públicamente los empresarios no plantean quejas, por ahora. Comprenden que el Plan Federal de Viviendas es una política beneficiosa para la reactivación económica en general y están agradecidos por la celeridad que le imprime el Gobierno a las licitaciones y a la puesta en marcha de la construcción. Pese a las demoras iniciales en 2004 -falta de organización, experiencia y gestión-, el plan tomó impulso en enero de 2005 y se le brindó una gran apertura a las pymes del sector. Luego, el proceso no estuvo exento de dificultades: la fuerte demanda de materiales generó cuellos de botella importantes; alzas en los precios de la construcción, falta de materiales (ladrillos, madera, entre otros) e incluso hubo incrementos salariales para los trabajadores de la Uocra (19%) que aumentaron los costos. Ante esa suba de los costos, muchos empresarios también reclaman redeterminación de los precios de las obras que paga el Estado para compensar ese incremento de precios de materiales y de salarios. Pero este reclamo es frenado por Planificación, por orden expresa de Kirchner, por cuanto no quiere convalidar la inflación y la indexación en el sector. Luego surgió el atraso en los pagos, desde marzo último. En Planificación aseguran que obedece a meros ordenamientos administrativos, mientras que algunos hombres del sector privado señalan que el Gobierno quería cuidar el superávit fiscal. Si bien el último pago del Gobierno a las provincias descomprimió la tensión con las empresas y las oxigenó, no se descarta que un futuro retraso termine por generar trastornos impensados hasta hoy: despidos, paralización de obras y quebrantos de algunas empresas. El tema es sensible y genera escozor en las administraciones provinciales. Incluso en las aliadas del Gobierno. LA NACION consultó a un instituto provincial de un distrito importante, donde se aceptó que el retraso existe en todo el país, aunque se dijo que la situación está "controlada". Pero el titular del área se rehusó a suministrar su opinión, por temor a represalias de la Nación. En otra provincia, una de las de mayor población del país, también aliada al Gobierno, la respuesta fue más cortante: "No voy a hablar con usted. No sé cómo consiguió mi teléfono celular".
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